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VALENCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) ha ganado, en primera instancia, el contencioso-administrativo interpuesto contra el Ayuntamiento de Valencia, por el que se reconoce el derecho de un policía local a jubilarse parcialmente. “Se trata un precedente en administración local, al cual podrían acogerse otros funcionarios”, declaró hoy el sindicato en un comunicado.

El agente, de 62 años, y 38 años prestando sus servicios en el puesto de oficial de la Policía Local de Valencia, solicitó la jubilación parcial acogiéndose al Estatuto Básico del Empleado Público. Sin embargo, la corporación desestimó la solicitud mediante resolución de alcaldía, por lo que el agente, afiliado al CSI·F, presentó un recurso contencioso administrativo.

El fallo reconoce el derecho del policía a obtener la jubilación voluntaria parcial en su condición de funcionario de carrera al servicio del Ayuntamiento de Valencia, “debiendo realizar la Corporación las actuaciones conducentes a la efectividad de su derecho”, explicó el sindicato.

“También será el Consistorio el que, atendiendo a las peculiaridades de la prestación del servicio, regule la nueva situación a través de sustituciones, interinidad u otras situaciones semejantes con el fin de dar cobertura al servicio en el tiempo que el funcionario deje su puesto”, destacó CSI·F.

Por otra parte, el sindicato inició el pasado mes de enero una campaña estatal para pedir el anticipo de la edad de jubilación de los cuerpos de policía local y autonómica. “La mayoría de agentes con más de 60 años presentan problemas de espalda y contracturas musculares, úlceras de estomagado y agotamiento psíquico. Todas ellas dolencias derivadas de la tensión en el trabajo y de los horarios por turnos”, indicó.

La jubilación anticipada de la policía es una reivindicación “histórica de los agentes”, puntó la organización sindical, quien señaló que la aplicación de esta medida supondrá “un rejuvenecimiento de la plantilla, se crearán  puestos de trabajo y se mejorará la situación personal y profesional de los policías”. En la Comunitat hay alrededor de 2.000 policías locales que podrían acogerse a la jubilación anticipada y que cuentan ya con 35 años cotizados.

Artículo sacado de: http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-csif-gana-contencioso-contra-consistorio-reconoce-derecho-jubilacion-parcial-policia-20091022183109.html

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    MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) –

   Policías Locales de la Comunidad de Madrid denunciaron hoy que los agentes municipales no tienen acceso a la base de datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre violencia de género ni pueden realizar citaciones en juzgados sobre los juicios de estos delitos.

   Tras la inauguración hoy de un seminario organizado por la Academia de la Policía Local de la Comunidad sobre ‘Dificultades y propuestas de la intervención policial ante la violencia de género’, el agente Sergio Ruiz, de la Policía Municipal de Alcorcón, secundado por los asistentes explicó la situación.

   "A día de hoy, que participamos como Policía Judicial de Alcorcón con un grupo específico destinado a la prevención e investigación de hechos relativos a violencia de género, que duplica en número de efectivos a los del Cuerpo Nacional de Policías, nos encontramos con trabas a la hora de trabajar", dijo.

   Para contextualizar la problemática, recordó que en 2007 se creó el fichero policial de seguridad sobre violencia de género y doméstica y en 2008 se publicó una modificación que recoge la posibilidad del acceso, no sólo como consulta, sino también para la introducción de datos, de las Policías autonómicas y locales. "A día de hoy no hay ni un sola Policía Municipal que disponga de acceso a esos ficheros, cuando la propia orden del Ministerio de Interior lo contempla expresamente", indicó Ruiz.

   Por ello, los agentes locales solicitaron expresamente la puesta en marcha de esta normativa, además de la presentación de cinco escritos al Ministerio de Justicia para tener acceso a los ficheros. "La respuesta que recibimos fue verbal y en ella nos dijeron que las Policías Locales no podemos acceder a esto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", señaló el policía de Alcorcón.

   Aunque manifestó que la voluntad de las Policías Locales para luchar contra la violencia de género es "total", la realidad es que chocan "con un muro infranqueable" por la dificultad de acceso a las bases de datos policiales.

   Por otro lado, Ruiz denunció que a día de hoy las Policías Locales exclusivamente tienen acceso a la agenda programada para la citación para juicios por delitos contra la seguridad vial y, además, "concretos para unos días determinados". "En Alcorcón, en pleno siglo XXI, existiendo las herramientas informáticas, tenemos que hacer las citaciones a mano. La relación con las Fiscalías y los Juzgados es encomiable, pero no podemos acudir a citaciones para juicios específicas del Juzgado de Mujer de Alcorcón", se quejó.

   En este sentido, indicó que reclamaron y les respondieron que tenían que ponerse de acuerdo con la Policía Nacional, que tardan en facilitar los antecedentes policiales de un presunto delincuente "entre 10 y 15 días". Por todo ello instó al gerente de la Academia de la Policía, Agustín Carretero, y a la directora general de la mujer de la Comunidad de Madrid, María José, que inauguraron hoy el seminario, que planteen mecanismos para resolver esta situación.

APOYO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER

   Pérez Cejuela reconoció la falta de coordinación institucional existente y anunció que trasladará estos planteamientos en las reuniones sectoriales del Ministerio de Justicia y del Igualdad. "He manifestado en los sistemas de detección y proximidad con el Ministerio de Interior estas faltas de coordinación institucional y estas quejas repetidas que me han llegado de que alguna manera que la información que fluye no se comparte o no hay acceso en determinados Cuerpos a esa información", agregó.

   Así, afirmó que "no tiene sentido" que no se ponga en práctica una normativa aprobada. "Realmente para dar una buena atención y seguridad a la ciudadanía lo primera que tiene que haber es una coordinación policial que repercuta positivamente a la calidad que dais a la ciudadanía", dijo a los policías municipales la directora general de la Mujer de la Comunidad.

   Por su parte, el gerente de la Academia de la Policía de la Comunidad de Madrid aseguró que "dará la batalla" para conseguir estas reivindicaciones porque como policías judiciales "deben tener acceso a los ficheros y bases de datos". Así, anunció que planteará esta problemática en la reunión de Coordinación General de Policías Municipales. No obstante, abogó por trabajar intensamente de momento con los Juzgados y con los jueces decanos.

PROTOCOLOS PARA LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES

   Previamente a estas quejas, Carretero citó las diferentes unidades y servicios con los que cuenta el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y Guardia Civil que intervienen en casos de violencia de género. Así, señaló que toda esta información va a parar al juez

   "Mi reflexión es qué cantidad de información de relevancia, sobre todo psicológica, social y asistencial relevante, no sólo policial, se pierde por ese camino. Por eso abogaría por que el registro de violencia de género se enriqueciera con esa información o con una llamada de atención con la que el juez pudiera localizar esa información tan relevante en el periodo corto de la detención preventiva y orden de protección", señaló.

   Igualmente, reconoció que las bases de datos compartidas es un problema a nivel general, "incluso entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, que tienen que funcionar por medio de protocolos para transferirse datos; en tanto en cuanto con Policía Local, que no puede acceder a determinadas bases"

   "Además, desde el plano preventivo, esa información compartida es esencial para prevenir la violencia de género. Y en control de ejecución de las órdenes de protección y medidas de alejamiento ni digamos. El juez comunica la orden a Policía Local, Nacional y Guardia Civil. Y lo lógico es que estén coordinadas", dijo. Por ello, el gerente de la Academia de Policía solicitó unas medidas protocolarizadas para le mejor control y ejecución para estas medidas "tan importantes".

Artículo sacado de: http://www.europapress.es/madrid/noticia-policias-locales-denuncian-no-tener-acceso-bases-datos-fuerzas-seguridad-estado-violencia-genero-20091014174923.html

Buena noticia también para los Policías Locales aunque todavía tiene que pasar el tramite Parlamentario como Ley Orgánica

Aprobado el nuevo régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía

El Consejo de Ministros ( 2-10-2009) ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, norma que actualiza el catálogo de infracciones y sanciones, y que refuerza el sistema de garantías para los funcionarios de este Cuerpo.

Con este Proyecto se continúa la línea de modernización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la que el Ejecutivo está decididamente implicado, consiguiendo importantes logros, tanto desde el punto de vista retributivo, como de la mejora de las condiciones de seguridad y trabajo. Se mantiene también una línea de política legislativa que ya tuvo reflejo en la anterior Legislatura con la aprobación de la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario del Cuerpo de la Guardia Civil en el año 2007.

A través de la reforma hoy aprobada, el régimen disciplinario de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía pasa de estar recogido básicamente en un Reglamento, aprobado en el año 1989, a estar regulado por una Ley Orgánica. Además, el Proyecto implica una modernización que se centra en tres aspectos: mejora de la tipificación de las conductas infractoras, adecuación de las sanciones y mayores garantías para los funcionarios en el procedimiento sancionador.

Mejora de la tipificación de las conductas infractoras

Se suprimen aquellas conductas infractoras que, por su ambigüedad o indefinición, resultaban difícilmente aplicables, se matizan otras para objetivarlas y reducir la inseguridad jurídica que podía derivarse de su aplicación, y se introducen algunas nuevas derivadas de cambios legislativos o de diferentes sensibilidades sociales:

• La condena por delito doloso será infracción muy grave cuando esté relacionada con el servicio y grave en los restantes casos.
• Desaparece la referencia al sigilo, debido a su ambigüedad y a la propia antigüedad del concepto, y se sustituye por la alusión al secreto profesional.
• Se precisan las infracciones en materia de drogas y alcohol de tal manera que será infracción muy grave prestar servicio bajo su influencia o negarse a someterse a las pruebas para su detección.
• Se incluyen nuevas infracciones en materia de utilización ilegítima de sistemas de videograbación.
• En línea con otras normativas disciplinarias, se tipifica como infracción muy grave la discriminación por razón de sexo u orientación sexual e, igualmente, se da carta de naturaleza, también como infracción muy grave, al acoso psicológico en el marco de la relación de servicio.
• Por último, se ha realizado un intenso trabajo a lo largo de todo el catálogo de infracciones para suprimir todos aquellos conceptos jurídicos indeterminados que eran susceptibles de interpretaciones subjetivas y que podían lesionar los derechos de los funcionarios.

Adecuación de las sanciones

• Se fija en tres meses el límite máximo de la sanción de suspensión de funciones por infracción grave y se mantiene en seis años la cuantía máxima de esta sanción para las infracciones muy graves.
• La sanción de traslado con cambio de residencia pasa a ser considerada como sanción muy grave dada su dureza para el funcionario.
• Se suprime la sanción de inmovilización en el escalafón, dada su obsolescencia.
• Por último, se reelaboran y actualizan los criterios de graduación de las sanciones, definiendo la reincidencia en el sentido recogido en el Código Penal e incorporando nuevos criterios como el historial profesional –sólo como atenuante- o la entidad de la condena impuesta por la comisión de un delito doloso.

Mejora del procedimiento sancionador y de las garantías para los funcionarios

• El Ministro del Interior se reserva la sanción de separación del servicio, mientras que corresponderá al Secretario de Estado de Seguridad la imposición de la sanción de suspensión de funciones de tres a seis años y de traslado con cambio de residencia: quedará para el Director General de la Policía y la Guardia Civil la imposición de la sanción de suspensión de funciones hasta tres años.
• Se reconoce expresamente el derecho del expedientado a ser asistido por letrado o por un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía licenciado en Derecho.
• Se incorpora la cancelación de oficio –antes a instancia de parte- de las anotaciones por sanciones.
• Se asigna al Ministro del Interior la competencia para proponer al Consejo de Ministros la resolución de las solicitudes de rehabilitación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
• Por último, se ha hecho un esfuerzo especialmente intenso para regular un procedimiento que permita conciliar todos los intereses en juego en el régimen disciplinario, como son la necesidad de reprimir conductas socialmente reprobables, y más en un cuerpo armado, y la de garantizar en todo momento los derechos de los funcionarios.

El Proyecto, que parte de la naturaleza civil del Cuerpo Nacional de Policía y también de su carácter de Instituto armado y jerarquizado, ha tenido como fuentes de inspiración el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.

© Presidencia del Gobierno 2009. Complejo de la Moncloa, Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28071 Madrid. (España).

• Fuera de su horario de trabajo, los policías podrán ganarse otro sueldo con el taxi, o en una oficina, o en una tienda. El Gobierno va a presentar un nuevo régimen disciplinario para el Cuerpo Nacional de Policía con esta novedad y con sanciones más suaves.

En el propio Cuerpo Nacional de Policía (CNP) hay quien calcula extraoficialmente que casi un tercio de sus integrantes tienen un segundo trabajo, a pesar de estar prohibido por su férreo sistema de incompatibilidades y sancionado con hasta seis años de suspensión. No hay datos oficiales, pero nadie lo niega.
Pronto dejará de ser ilegal. El nuevo régimen disciplinario que prepara el Gobierno –y que Interior ha pactado con los sindicatos en sus puntos principales– permite el pluriempleo de los policías nacionales, sin más limitaciones que las que afectan al resto de los funcionarios de la Administración Central. En concreto, el texto equiparará el régimen de incompatibilidades de los agentes del CNP al de los funcionarios civiles, que viene a decir, básicamente, que no se pueden tener dos sueldos de las administraciones públicas –salvo casos excepcionales que necesitan de autorización explícita– y que, si se tiene un segundo empleo en el ámbito privado, no debe entrar en colisión con los intereses que se defienden en el público. Es decir, los policías podrán ser taxistas, abogados o tenderos, pero no, por ejemplo, vigilantes privados.
Cuando el nuevo régimen disciplinario entre en vigor –aún debe ser aprobado en Consejo de Ministros y enviado al Parlamento–, quedará abolido el actual régimen de incompatibilidades, que, prácticamente, prohibía a los policías desempeñar cualquier otro trabajo. “La pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad –dice hoy una ley de 1986– es causa de incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, salvo aquellas exceptuadas de la legislación sobre incompatibilidades”.
No es la única novedad del texto. El inminente nuevo régimen disciplinario recoge también una drástica reducción de las sanciones. Una de las modificaciones más celebradas por los sindicatos policiales es la disminución de la sanción por falta muy grave. Antes, fuera la que fuera –por ejemplo, emborracharse, drogarse o, precisamente, pluriemplearse–, merecía como mínimo una suspensión de tres años. Pronto la sanción mínima a imponer por falta grave será de tres meses; la máxima seguirá siendo de hasta seis años.
Igualmente, se reduce la sanción máxima para las faltas graves, de tres años de suspensión a tres meses y, en coherencia, se acortan también los plazos tanto de prescripción como de duración máxima del procedimiento disciplinario. Hay también nuevas infracciones: será falta muy grave, al lado de otras ya vigentes como la insubordinación o el trato degradante, “la publicación o utilización indebida de secretos oficiales” y “la realización reiterada de actos de acoso psicológico u hostilidad”, ambas, por tanto, castigables con hasta con seis años de suspensión.
La necesidad de reformar el régimen disciplinario del CNP era reconocida incluso por la Administración, en un acuerdo con los sindicatos en 1992, y había sido ya debatida en varias ocasiones. Ahora, después de 17 años, puede salir adelante. Lo aprobado es el único acuerdo importante alcanzado por los sindicatos policiales con el director del Cuerpo, Francisco Javier Velázquez, y el ministro Pérez Rubalcaba. Aun así, el texto no ha conseguido el apoyo total de los agentes. El Sindicato Unificado de la Policía cree que “mejora sustancialmente la norma actual”, pero, matiza su secretario general, José Manuel Sánchez Fornet, “no alcanza el nivel de mejoras que se pactó en 2003 con el Gobierno del PP”. Ignacio López, secretario general de la Confederación Española de Policía, muestra un “moderado optimismo” ante las mejoras del texto, pero denuncia la existencia de “áreas de inseguridad jurídica” para los agentes y pide atenuar los “severos castigos que contempla por la comisión de delitos dolosos”. Ambos sindicatos confían en que el trámite parlamentario introduzca modificaciones que recojan sus demandas. López advierte incluso que el apoyo de la CEP al texto final depende de lo que pase en el Congreso

Artículo sacado de: http://www.interviu.es/default.asp?idpublicacio_PK=39&idioma=CAS&idnoticia_PK=58350&idseccio_PK=552&h=090810

La propuesta va acompañada del compromiso del Ejecutivo de asegurar el poder adquisitivo de los funcionarios entre 2010 y 2012, según los sindicatos

El Gobierno ha propuesto a los representantes de los sindicatos más destacados del sector público (CCOO, UGT y CSI-CSIF) que los salarios de los empleados públicos -funcionarios y personal laboral- suban el 0,3% en 2010, han informado este martes fuentes sindicales.

Los sindicatos, en su primer encuentro con el Gobierno del pasado día 10 de septiembre, habían solicitado un aumento de al menos el 1% para no perder poder adquisitivo. Los expertos calculan que los precios subirán el año que viene al menos ese porcentaje. Para evitar esa merma, el Ejecutivo ofrecerá una cláusula de revisión salarial en los ejercicios siguientes de 2011 y 2012. Las cláusula se activaría sólo cuando el IPC real superara al previsto, con lo que se evitaría que los trabajadores pierdan poder adquisitivo. El Gobierno ha trasmitido a las centrales sindicales que su previsión de IPC para 2010 es de entre el 0,7 y el 0,8%, mientras que en 2009 cerrará a la baja.

La última propuesta del Ejecutivo ha sido entregada el martes por la tarde en La Moncloa a los secretarios generales de las federaciones de los Servicios Públicos y de la Ciudadanía de UGT y CC OO, Julio Lacuerda y Enrique Fossoul, así como al presidente de CSI-CSIF, Domingo Fernández.

Las tres organizaciones sindicales tienen previsto estudiar este martes en profundidad lo ofrecido por el Gobierno, al que tienen que dar una respuesta el próximo jueves. El Gobierno tiene que incluir estas alzas en su proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, que quiere tener aprobado para antes del 25 de septiembre

Artículo sacado de: http://www.elpais.com/articulo/economia/Gobierno/propone/subir/sueldo/funcionarios/elpepueco/20090915elpepueco_15/Tes