ACUERDO PARA AFILIADOS AL CSI-F

Interior permitirá el pluriempleo a los polícías

• Fuera de su horario de trabajo, los policías podrán ganarse otro sueldo con el taxi, o en una oficina, o en una tienda. El Gobierno va a presentar un nuevo régimen disciplinario para el Cuerpo Nacional de Policía con esta novedad y con sanciones más suaves.

En el propio Cuerpo Nacional de Policía (CNP) hay quien calcula extraoficialmente que casi un tercio de sus integrantes tienen un segundo trabajo, a pesar de estar prohibido por su férreo sistema de incompatibilidades y sancionado con hasta seis años de suspensión. No hay datos oficiales, pero nadie lo niega.
Pronto dejará de ser ilegal. El nuevo régimen disciplinario que prepara el Gobierno –y que Interior ha pactado con los sindicatos en sus puntos principales– permite el pluriempleo de los policías nacionales, sin más limitaciones que las que afectan al resto de los funcionarios de la Administración Central. En concreto, el texto equiparará el régimen de incompatibilidades de los agentes del CNP al de los funcionarios civiles, que viene a decir, básicamente, que no se pueden tener dos sueldos de las administraciones públicas –salvo casos excepcionales que necesitan de autorización explícita– y que, si se tiene un segundo empleo en el ámbito privado, no debe entrar en colisión con los intereses que se defienden en el público. Es decir, los policías podrán ser taxistas, abogados o tenderos, pero no, por ejemplo, vigilantes privados.
Cuando el nuevo régimen disciplinario entre en vigor –aún debe ser aprobado en Consejo de Ministros y enviado al Parlamento–, quedará abolido el actual régimen de incompatibilidades, que, prácticamente, prohibía a los policías desempeñar cualquier otro trabajo. “La pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad –dice hoy una ley de 1986– es causa de incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, salvo aquellas exceptuadas de la legislación sobre incompatibilidades”.
No es la única novedad del texto. El inminente nuevo régimen disciplinario recoge también una drástica reducción de las sanciones. Una de las modificaciones más celebradas por los sindicatos policiales es la disminución de la sanción por falta muy grave. Antes, fuera la que fuera –por ejemplo, emborracharse, drogarse o, precisamente, pluriemplearse–, merecía como mínimo una suspensión de tres años. Pronto la sanción mínima a imponer por falta grave será de tres meses; la máxima seguirá siendo de hasta seis años.
Igualmente, se reduce la sanción máxima para las faltas graves, de tres años de suspensión a tres meses y, en coherencia, se acortan también los plazos tanto de prescripción como de duración máxima del procedimiento disciplinario. Hay también nuevas infracciones: será falta muy grave, al lado de otras ya vigentes como la insubordinación o el trato degradante, “la publicación o utilización indebida de secretos oficiales” y “la realización reiterada de actos de acoso psicológico u hostilidad”, ambas, por tanto, castigables con hasta con seis años de suspensión.
La necesidad de reformar el régimen disciplinario del CNP era reconocida incluso por la Administración, en un acuerdo con los sindicatos en 1992, y había sido ya debatida en varias ocasiones. Ahora, después de 17 años, puede salir adelante. Lo aprobado es el único acuerdo importante alcanzado por los sindicatos policiales con el director del Cuerpo, Francisco Javier Velázquez, y el ministro Pérez Rubalcaba. Aun así, el texto no ha conseguido el apoyo total de los agentes. El Sindicato Unificado de la Policía cree que “mejora sustancialmente la norma actual”, pero, matiza su secretario general, José Manuel Sánchez Fornet, “no alcanza el nivel de mejoras que se pactó en 2003 con el Gobierno del PP”. Ignacio López, secretario general de la Confederación Española de Policía, muestra un “moderado optimismo” ante las mejoras del texto, pero denuncia la existencia de “áreas de inseguridad jurídica” para los agentes y pide atenuar los “severos castigos que contempla por la comisión de delitos dolosos”. Ambos sindicatos confían en que el trámite parlamentario introduzca modificaciones que recojan sus demandas. López advierte incluso que el apoyo de la CEP al texto final depende de lo que pase en el Congreso

Artículo sacado de: http://www.interviu.es/default.asp?idpublicacio_PK=39&idioma=CAS&idnoticia_PK=58350&idseccio_PK=552&h=090810

El Gobierno propone subir un 0,3% el sueldo de los funcionarios

La propuesta va acompañada del compromiso del Ejecutivo de asegurar el poder adquisitivo de los funcionarios entre 2010 y 2012, según los sindicatos

El Gobierno ha propuesto a los representantes de los sindicatos más destacados del sector público (CCOO, UGT y CSI-CSIF) que los salarios de los empleados públicos -funcionarios y personal laboral- suban el 0,3% en 2010, han informado este martes fuentes sindicales.

Los sindicatos, en su primer encuentro con el Gobierno del pasado día 10 de septiembre, habían solicitado un aumento de al menos el 1% para no perder poder adquisitivo. Los expertos calculan que los precios subirán el año que viene al menos ese porcentaje. Para evitar esa merma, el Ejecutivo ofrecerá una cláusula de revisión salarial en los ejercicios siguientes de 2011 y 2012. Las cláusula se activaría sólo cuando el IPC real superara al previsto, con lo que se evitaría que los trabajadores pierdan poder adquisitivo. El Gobierno ha trasmitido a las centrales sindicales que su previsión de IPC para 2010 es de entre el 0,7 y el 0,8%, mientras que en 2009 cerrará a la baja.

La última propuesta del Ejecutivo ha sido entregada el martes por la tarde en La Moncloa a los secretarios generales de las federaciones de los Servicios Públicos y de la Ciudadanía de UGT y CC OO, Julio Lacuerda y Enrique Fossoul, así como al presidente de CSI-CSIF, Domingo Fernández.

Las tres organizaciones sindicales tienen previsto estudiar este martes en profundidad lo ofrecido por el Gobierno, al que tienen que dar una respuesta el próximo jueves. El Gobierno tiene que incluir estas alzas en su proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, que quiere tener aprobado para antes del 25 de septiembre

Artículo sacado de: http://www.elpais.com/articulo/economia/Gobierno/propone/subir/sueldo/funcionarios/elpepueco/20090915elpepueco_15/Tes

De la Vega plantea a los sindicatos la aplicación de una cláusula de revisión salarial

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha entregado a los sindicatos CCOO, UGT y CSI-CSIF la propuesta del Ejecutivo que regularía la aplicación de una cláusula de revisión salarial en la administración pública y con la que se evitaría la pérdida de poder adquisitivo.

Según informaron a Efe fuentes de los tres sindicatos, De la Vega entregó el texto que recoge esa fórmula a los secretarios generales de las federaciones de los Servicios Públicos y de la Ciudadanía de UGT y CCOO, Julio Lacuerda y Enrique Fossoul, así como al presidente de CSI-CSIF, Domingo Fernández.

En dicha reunión la vicepresidenta no les habló de subidas salariales para los ejercicios 2010, 2011 y 2012, según los tres sindicatos. Al respecto, Lacuerda explicó que, hasta que no se acuerde cómo se ha de regular la aplicación de la cláusula, no se puede entrar en las alzas salariales.

En este sentido, destacó que el Gobierno se mantiene "firme" en su posición de que los empleados públicos (funcionarios y personal laboral) no pierdan poder adquisitivo en esos tres ejercicios, pero hay que "ponerlo por escrito".

Por su parte, Miguel Borra, miembro de la Ejecutiva Nacional de CSI-CSIF, calificó la propuesta de revisión de "inasumible". La razón que dio es que el Gobierno vincula su aplicación al déficit de las administraciones regionales, al crecimiento económico, a la capacidad de financiación de los Presupuestos Generales del Estado, a la productividad del empleo público y la evolución de los salarios en general.

En su opinión, condiciona su aplicación a "magnitudes complejas", "variables" y "complicadas", que además están redactadas de manera "enrevesada". De la Vega les ha vuelto a convocar mañana para seguir avanzando en la negociación salarial.

Paralelamente, la secretaria de Estado para la Función Pública, Carmen Gomis, ha presidido la comisión de la mesa técnica, en la que los tres sindicatos han presentado su propuesta para desarrollar el Estatuto del Empleado Público en materia de jubilación, carrera profesional y modernización de la administración, entre otras materias. Ahora, el Gobierno deberá estudiar el documento sindical y dar una respuesta.

Artículo sacado de : http://www.expansion.com/2009/09/14/funcion-publica/1252956223.html

El Gobierno no congelará los sueldos de los funcionarios pero pide contención

Madrid.-  El Gobierno anunció hoy a los sindicatos el compromiso de que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo en los próximos tres años, al tiempo que les pidió "contención" en la subida salarial debido a la actual situación de crisis económica.

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(EFE)

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega (i) durante la reunión que ha mantenido con los dirigentes de las federaciones de Servicios Públicos de UGT y CCOO, y con el presidente de CSIF, Domingo Fernández, para reanudar el diálogo social en la función pública, hoy en La Moncloa.

Así se lo hizo saber la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a los secretarios generales de las federaciones de Servicios Públicos y para la Ciudadanía de UGT y de CCOO, Julio Lacuerda y Enrique Fossoul, y al presidente del sindicato independiente CSI-CSIF, Domingo Fernández.

Al término de la primera reunión formal para reanudar el diálogo social de la función pública, la secretaria de Estado para la Función Pública, Carmen Gomis, confirmó que "hay bases para el acuerdo" porque "existen objetivos comunes", a pesar de que destacó que todavía hay "diferencias y discrepancias", que prefirió no señalar.

De esta forma, dijo que Fernández de la Vega ha planteado a los sindicatos un acuerdo sobre tres puntos concretos: "un plan salarial que asegure que en ningún caso habrá pérdida de poder adquisitivo, el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y la adecuación de una oferta de empleo público a las nuevas necesidades de la sociedad".

No obstante, tras señalar que la reunión se desarrolló en un ambiente "cordial y constructivo" apuntó que "hay discrepancias", aunque puntualizó que "no hemos hecho más que empezar y existe voluntad por parte de todos, y voluntad decidida del Gobierno, para llegar a un acuerdo para esta legislatura".

El dirigente de UGT, Julio Lacuerda, explicó que la vicepresidenta les reclamó "contención salarial" y dejó claro que en esta reunión "no se ha discutido" la propuesta de los sindicatos entorno a la subida del 1% del salario de los funcionarios para 2010 e incrementos según el Índice de Precios al Consumo (IPC) en los dos años siguientes.

"No se ha discutido la propuesta ni ha habido contraoferta", dijo, tras señalar la secretaria de Estado de la Función Pública que los documentos de UGT, CCOO y el de CSI-CSIF serán "estudiados" con detenimiento.

Lacuerda señaló que mañana por la mañana continuarán las reuniones para "no demorar un acuerdo" y terminar antes del 25 de septiembre, fecha límite para que el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, donde deben incluirse las evoluciones salariales de los funcionarios.

"En materia salarial el gobierno no nos ha dicho por donde pueden ir los tiros y pero ha afirmado, que no tiene la menor intención de que los empleados públicos pierdan poder adquisitivo en tres periodos presupuestarios", aseveró.

El dirigente sindical también reconoció que el Gobierno plantea una contención de la oferta pública de empleo y dijo que ésta "no pude ser al uso y no debe suponer un deterioro, ni afectar a los servicios esenciales".

Valoró la "voluntad negociadora" del Gobierno, que dijo que es la misma que tuvieron en 2004, con el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, cuando se alcanzó el primer acuerdo con el diálogo social.

Además, Lacuerda estimó que en un marco de dificultad económica, donde los salarios sólo pueden ser un elemento de contraste o crítica recíproca, la voluntad mostrada de volver a la senda del diálogo es muy positivo, aunque dijo que el "caballo de batalla" para la UGT será "dar certeza" a un mecanismo que garantice el poder adquisitivo de este colectivo.

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul, dijo que "algunos estamos escarmentados de que esas cláusulas no se cumplan", y puso como ejemplo el año 2005 cuando el cambio de Gobierno del PSOE al PP "trajo una congelación salarial".

Fossoul dijo que la apertura de este diálogo debe "servir de ejemplo" para los que no han sido capaces de mantener el diálogo social en el ámbito privado, en referencia a la ruptura del proceso del diálogo social con la patronal CEOE.

El dirigente de CCOO denunció que los empresarios hayan querido "sacar tajada" de la crisis, cuando es una situación "suficientemente complicada como para no sacar ventaja".

Por su parte, el presidente del CSI-CSIF, Domingo Fernández, aseguró que su sindicato está "razonablemente contento por el compromiso del Gobierno de mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos" y valoró la coincidencia entre los tres sindicatos.

Artículo sacado de http://www.soitu.es/soitu/2009/09/10/info/1252610001_627262.html

CSI•F se concentra ante la Generalitat para pedir la carrera profesional

 

El sindicato CSIF ha concentrado a sus delegados esta mañana a las puertas de presidencia de la Generalitat Valenciana para pedir el inicio de las negociaciones para la puesta en marcha de la carrera profesional.

La carrera profesional afecta a los 17.000 empleados públicos de la Generalitat Valenciana y supone el reconocimiento a la trayectoria y actuación profesional del personal funcionario y laboral, y supondrá una mejora retributiva.

A la concentración de hoy han asistido, además de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), CCOO, IGEVA, STAS y UGT. Todos los sindicatos piden que la administración autonómica el inicio de las conversaciones para negociar la carrera profesional ya que existe un compromiso de que la carrera se aplique en la nómina de los empleados a partir de enero del 2010.

Actualmente la Administración está acabando de redactar el documento definitivo de la Ley de la Función Pública (que recogerá la carrera profesional). Sin embargo, la Generalitat no quiere comenzar a negociar la carrera hasta que la Ley sea llevada a las Cortes.

Esto supone, según las fuerzas sindicales, “un retroceso. Lo que queremos es que se comience a debatir ya la carrera de forma simultánea. De esta forma, se cumplirán los plazos y se podrá aplicar la carrera en enero del 2010”.

Tras la concentración, los representantes sindicales se desplazaron desde la Generalitat hasta la Conselleria de Administraciones Públicas para hacer entrega del documento consensuado por los cinco sindicatos para la carrera profesional. Desde la Conselleria manifestaron que en un plazo de una semana contestarán a las demandas sindicales.

(sacado del periódico El Periodic.com)

Comunicado conjunto centrales representativas

Asunto: Urgente máxima difusión
Ante las informaciones publicadas en diversos medios de comunicación escrito, panfletos y demás publicidad repartida por distintos territorios, desde la Coordinadora Estatal de Policías Autonómicas y Locales queremos hacer llegar mediante éste escrito diversas cuestiones que, espero, aclaren y despejen definitivamente nuestro posicionamiento como Federación.
En primer lugar manifestaros que la FSC-CC.OO NO PARTICIPA EN LA MANIFESTACIÓN, en consecuencia NO ASISTIREMOS.
Segundo, CC.OO, UGT y CSIF no han prestado su consentimiento para la utilización de sus siglas para ser utilizadas en manifestaciones a medios de comunicación por parte de algunos dirigentes de COP y CSL, utilizadas exclusivamente con el animo de manipular a los policías.
Tercero, la actuación que requerimos de nuestras distintas federaciones, es la de comunicar a todos nuestros afiliados que antes de iniciar acciones de este tipo es necesario agotar las posibles vías de negociación y realizar una adecuada campaña de información ciudadana, antes de acudir a las movilizaciones que lo que hacen es perjudicar la situación de dialogo actual, en este sentido, podría peligrar la reunión que tenemos previsto celebrar el día 15 con el Secretario de Estado para la Seguridad Social.
Cuarto, la FSC-CC.OO no asumirá ningún gasto ocasionado con una acción en la que no participa, por lo que es importante comunicárselo a nuestras secciones sindicales para evitar posibles reclamaciones de dietas por desplazamiento, comida, etc., asimismo no facilitará ningún elemento publicitario que pueda ser utilizado como imagen de CC.OO en la manifestación (banderas, petos, pegatinas, etc.), por lo que aquel-los que quieran asistir deberán realizarlo a titulo personal.
Quinto, y ultimo, os enviamos para que le deis la MAXIMA DIFUSIÓN, los escritos que hemos realizado conjuntamente las tres centrales sindicales firmantes del Acuerdo de Unidad de Acción, como única postura oficial que debemos mantener.

Saludos.
Ramón Ordóñez Patón
Coordinador de Policías Autonómicos y Locales.

El sindicato cambia de logo para adaptarse a los nuevos tiempos

5 de febrero de 2009. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, hasta ahora denominada CSI-CSIF, suaviza su logotipo y pasa a denominarse CSI-F para adaptarse a “los retos del nuevo siglo” y “acercarse más a una sociedad dinámica y en constante evolución, que precisa de referentes claros y concisos para responder a las numerosas exigencias planteadas”.
El sindicato responde con ello a las demandas “que emanan de los derechos de los trabajadores y la mejora de las condiciones laborales de los mismos, ya sea en el ámbito de la Administración, donde el Sindicato es mayoritario, o en la empresa privada, cuya implantación se amplia progresivamente”.
La nueva imagen del sindicato, según informa en nota de prensa, resalta el carácter de independencia que le define, “verdadero detonante de su respaldo entre los trabajadores, al no encontrarse hipotecado a ninguna opción política, lo que garantiza su libertad de acción y su capacidad para exigir resultados en las diferentes mesas de negociación o convenios colectivos”.

ETA preparaba una matanza de policías locales en Burlada con una pancarta bomba

o.b.otalora@diario-elcorreo.com

Los terroristas incluyen también por primera vez entre sus objetivos a la Policía foral, según los archivos incautados al ‘comando Nafarroa’

Preveían colocar un cartel que, al ser retirado, activara un explosivo

El ‘comando Nafarroa’ desarticulado por el Cuerpo Nacional de Policía la pasada semana pensaba cometer de manera inminente una matanza de guardias municipales en Burlada mediante una pancarta a la que previamente tenía previsto adosar una bomba. El plan para cometer el asesinato ha sido descubierto en los archivos informáticos que uno de los miembros del talde escondía en su casa y que pudieron ser descifrados a última hora del martes.

El mero hecho de organizar una acción de este tipo supone un salto cualitativo en ETA, al colocar a agentes locales de base en el centro de su diana y, además, con un atentado basado en una trampa, similar a los que hasta ahora ha dirigido contra las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Ertzaintza. Según las primeras informaciones, el comando tenía previsto colocar la pancarta en un lugar público de la población, de 15.000 habitantes, situada junto a Pamplona y gobernada por el PSN, para luego esconder una bomba bajo ella. Cuando los agentes acudiesen a retirar el cartel, un sistema de ignición unido a la tela activaría el explosivo.

Este ‘modus operandi’ no es nuevo entre los etarras. En noviembre de 2001, el ‘comando Vizcaya’ intento asesinar a dos ertzainas mediante una pancarta trampa colocada en el bilbaíno parque de Etxebarria. Los activistas habían escondido un artefacto junto a un cartel con la frase ‘Policía asesina. ETA mátalos’. Cuando los agentes procedían a retirarlo, la explosión les provocó graves heridas. El grupo que cometió esta acción tenía entre sus componentes a Garikoitz Aspiazu Rubina, ‘Txeroki’, el actual jefe militar de la banda. Al año siguiente, en septiembre de 2002, los terroristas consiguieron asesinar en la localidad navarra de Leitza al guardia civil Juan Carlos Beiro al hacer estallar la bomba oculta en una pancarta en la que escribieron: ‘Gora ETA. GC jo ta bertan hil’ (Guardia Civil, toma y muere aquí).

Un atentado indiscriminado contra miembros de la Policía Municipal de un pueblo como Burlada no tiene precedentes. La organización terrorista ha matado a jefes de guardias urbanas, como en el caso de Joseba Pagazaurtundua, jefe del Cuerpo en Andoain, asesinado en 2003. Sin embargo, los agentes de base nunca habían sido incluidos en este tipo de amenazas.

Los archivos del ‘comando Nafarroa’ descifrados por las fuerzas de seguridad también incluyen a agentes de la Policía foral navarra, el cuerpo autonómico de seguridad que emana de la Ley de Amejoramiento. Este servicio no ha sido nunca objeto de atentados de la banda, aunque en el comunicado hecho público ayer mismo por la cúpula etarra sí se amenaza de forma directa a los forales, a los que se compara con las FSE y la Ertzaintza.

Artículo sacado del El Correodigital.com

CSIF inicia una campaña masiva de jubilación parcial de funcionarios

El sindicato CSI-CSIF ha iniciado hoy una campaña “pionera” en España para solicitar de manera masiva la jubilación parcial de los funcionarios y del personal estatutario que lo quiera de las administraciones públicas riojanas.

Con tal motivo, según ha explicado el portavoz del CSI-CSIF y responsable de Local y Universidad del sindicato, Francisco Gallardo, el CSIF-CSIF ha presentado hoy las primeras diez solicitudes de jubilación parcial, a las que en breve plazo van a seguir otras veinte más.

“En las próximas semanas esperamos llegar a la centena, y más adelante esperamos alcanzar las 500″, ha dicho Gallardo, quien ha afirmado que tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social como las propias administraciones se oponen a esta medida.

“Sencillamente estamos pidiendo la equiparación con los empleados públicos sujetos al régimen laboral y con el resto de trabajadores laborales de la empresa privada”, ha dicho.

Gallardo ha explicado que desde 1984 que se reguló la jubilación para los laborales, los funcionarios y el personal estatutario han venido reclamando esta equiparación.

En 2003 el Estatuto Marco del Personal Sanitario y en 2007 el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) reconocieron la jubilación parcial y anticipada de ambos colectivo.

“No obstante, el propio EBEP instaba a que el Gobierno central presentara un proyecto de Ley que desarrollara los distintos regímenes de jubilaciones para los funcionarios. Sin embargo, el Gobierno ha incumplido el mandato del Parlamento y el acuerdo con los sindicatos y no ha presentado este proyecto”, ha dicho.

Además de no presentar este proyecto de ley, ha recordado, a finales del pasado mes de diciembre presentó otro proyecto de ley que ha endurecido la condiciones existentes.

“Ambos incumplimientos han llevado a que desde finales del 2007, CSI-CSIF y las organizaciones sindicales mayoritarias iniciáramos manifestaciones, recogida de miles de firmas y denuncias públicas en todos los puntos de España”, ha recordado Gallardo.

Paralelamente, varios empleados estatutarios y funcionarios fueron solicitando esta jubilación parcial y cuando se les denegaba lo impugnaron en los tribunales.

“Sorprendentemente, para propios y extraños, la mayoría de las sentencias tanto en primera como en segunda instancia les han estimado el derecho a la jubilación parcial”, ha dicho.

En estos momentos, según Gallardo, hay cincuenta funcionarios y personal estatutario que están disfrutando de esta posibilidad en varios puntos de España como Andalucía, Canarias o Madrid. EFE.